CERMI CLM en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

El Comité de entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM) ha advertido de que el movimiento de la discapacidad será más reivindicativo y beligerante contra las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal a partir del 4 de diciembre, fecha en la que concluye el plazo legal para que todos los servicios y entornos de interés sean accesibles.

En estos términos se expresa el CERMI Estatal en el manifiesto elaborado ante la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, al que se ha adherido CERMI CLM, y que este año lleva por título ‘Sin accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad’.

Durante un encuentro informativo con los medios de comunicación este viernes, la presidenta de CERMI CLM, Cristina Gómez, ha hecho hincapié en el apoyo del la entidad al manifiesto del CERMI Estatal y ha repasado la situación actual de las personas con discapacidad y sus familias en la Comunidad Autónoma, así como las principales demandas de este sector social.

En 2003, gracias a la labor de incidencia política del movimiento de la discapacidad, España aprobó una ley que obligaba a que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles en 2019, plazo que posteriormente se acortó hasta el 4 de diciembre de 2017. Precisamente, ante la evidencia de que esta obligación temporal se iba a incumplir, el CERMI ha desplegado durante todo el año la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, con el fin de que la ciudadanía denunciara cada mes situaciones de falta de accesibilidad en un ámbito distinto.

Y es que, como recoge la entidad en el manifiesto de este año, las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

EXIGENTE ENFOQUE DE GÉNERO

Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a sufrir en mayor medida los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que, en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce.

De esta forma, el CERMI ve necesario reforzar la lucha contra todo tipo de barreras (visibles o no), ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de la que han sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas.

En concreto, desde la discapacidad organizada se denunciarán administrativamente y se demandarán judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos sus operadores y agentes.

Por último, la entidad recuerda que las barreras invisibles, que en ocasiones son las más difíciles de superar, están alimentadas generalmente por prejuicios y falsos estereotipos excluyentes. Además, la accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y sobre todo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas hace algo más de una década y que es de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado, como es el caso de España.