Constituida la Comisión para el Dialogo Civil de la Mesa del Tercer Sector con el Gobierno de Castilla-la Mancha

Presidida por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y con la asistencia de los representantes de todas las organizaciones de la Mesa del Tercer Sector y cargos públicos de todas las Consejerías del Ejecutivo Regional, ha quedado formalmente constituida el 10 de febrero de 2021, la Comisión para el Diálogo Civil que es fruto del desarrollo de la Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social y nace con el objetivo de trabajar, con diálogo permanente, por las necesidades de los colectivos más vulnerables.

La Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, es un órgano colegiado cuya finalidad es dotar de un marco institucional a la colaboración y el diálogo entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. Cuenta con una representación paritaria entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y una participación equilibrada de mujeres y hombres.

Forman parte de la Comisión, las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo; Hacienda y Administraciones Públicas; Educacion; Bienestar Social; Sanidad; Igualdad; Fomento; Agricultura; Desarrollo Sostenible y los representantes de las Organizaciones de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha: Coordinadora de ONGD, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y EAPN-CLM.

Jose Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector, asume la Vicepresidencia Segunda en esta nueva estructura de interlocución y propuesta, resaltando la importancia de la iniciativa para dar voz a la sociedad civil en las instituciones, y conseguir que las necesidades de los colectivos más vulnerables cuenten de cara al diseño y la ejecución de las políticas en nuestra comunidad. El trabajo también se orientará a reforzar las estructuras para afianzar un Tercer Sector fuerte y que en estos momentos demanda con máxima urgencia financiación estable y duradera, así como corresponsabilidad política para seguir dando la mejor respuesta en la atención de las personas más vulnerables de la región y de ahí la necesidad de participar en el diseño de los fondos de recuperación y disponer de una financiación estable y sostenible en el tiempo para el mantenimiento de los recursos y servicios, proyectos y actuaciones que gestiona este sector en la región.