El CERMI, ante el 10-N: “si no hay estabilidad política y parlamentaria, la agenda política de la discapacidad está paralizada y atorada”

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró, el pasado 4 de noviembre, que si desde la discapacidad organizada se pronuncian sobre la repetición de las elecciones “no es porque lo nuestro sean las tertulias y el análisis político al uso, sino porque si no hay estabilidad parlamentaria, si no hay Gobierno que tenga vocación de medio y largo plazo, nuestra agenda política está bloqueada y atorada”.

Pérez Bueno hizo estas declaraciones en una entrevista en la emisora ‘CMM’, la radio autonómica de Castilla-La Mancha, en la que repasó las prioridades de las personas con discapacidad y sus familias que no se están pudiendo atender por el contexto político actual. Se puede acceder a la entrevista íntegra en este enlace: https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/0_rbf5usna.

Entre estos asuntos, destacó la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la ciudadanía. En este punto, recordó que los trabajos ya se iniciaron en la pasada legislatura “con un apoyo casi unánime”, por lo que “sería la primera reforma social de la Constitución, y si la hacemos bien, podría apuntarse posteriormente a otra gran modificación, que sería la constitucionalización de los derechos sociales”.

Asimismo, el presidente del CERMI urgió a que en la próxima legislatura se retome el proyecto de modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones.

También denunció que se mantenga en el Código Penal la posibilidad de que se puedan practicar esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, algo que sufren sobre todo mujeres y niñas. “No es un asunto muy voluminoso cuantitativamente, pero es improcedente y ofende a una moral pública exigente, por lo que tiene que ser desterrado de nuestro ordenamiento jurídico cuanto antes”, ahondó.

Fuente de la Noticia: CERMI 04/11/2019