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-El Consejo de Consumidores y Usuarios se hace eco de las demandas de la Plataforma de Mayores y Pensionistas respecto las necesidades de las personas mayores en los servicios privados y públicos

• La Plataforma de Mayores y Pensionistas ( en adelante PMP)  ha compartido con el  Consejo de Consumidores y Usuarios (en adelante CCU) la urgente necesidad de una legislación que proteja a las personas mayores frente a la brecha digital y la exclusión financiera. Esta nueva normativa debe contemplar que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal.

• También ha trasladado al CCU que su lucha contra la brecha digital debe hacerse extensible al resto de empresas privadas y a la Administración Pública, ya que las personas mayores también necesitan mejoras de accesibilidad a servicios esenciales, tales como el sanitario, Seguridad Social o el de empresas de telecomunicaciones y energéticas, entre otros.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha manifestado su satisfacción por el encuentro mantenido con los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). El organismo se ha hecho eco de las reclamaciones de la plataforma respecto a la protección de los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores como consumidores y usuarios de los servicios tanto privados como públicos.

Durante la reunión la PMP ha podido compartir con el CCU algunas de sus principales reivindicaciones, como es la urgente necesidad de una legislación que proteja a las personas mayores frente a la brecha digital y la exclusión financiera. Esta nueva normativa debe contemplar que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal. En este sentido, el CCU ha manifestado que las dificultades para acceder a los servicios bancarios son especialmente preocupantes en el caso de las personas mayores y, por tanto, es necesario, entre otras medidas, el mantenimiento de una infraestructura física accesible en las entidades financieras.

Entre las demandas concretas planteadas por la PMP, que quiere ver definitivamente reflejadas en la ley y que han sido secundadas por el CCU, se encuentran la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.

Para paliar estos problemas la PMP viene reclamando actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal específico, el cual debe obligar a las entidades financieras a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

Por su parte, la PMP también ha trasladado al CCU que su lucha contra la brecha digital, aunque actualmente está más centrada en los servicios financieros, debe hacerse extensible y tener una réplica en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también necesitan mejoras de accesibilidad a servicios esenciales, tales como el sanitario, Seguridad Social, o el de empresas de telecomunicaciones y energéticas, entre otros.

Para ello, es muy importante desarrollar políticas inclusivas en el ámbito de las tecnologías de la información (TIC). Las administraciones públicas no deben olvidar a las personas mayores en sus procesos de transformación digital y deben garantizar que todos los ciudadanos puedan relacionarse con ellas de forma presencial, junto con otras medidas que mejoren la prestación de los servicios.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.

La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.

Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).

Fuente de la Noticia: Ndp Plataforma de mayores y pensionistas  31/03/2022

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